Hola igualdad, adiós presunción de inocencia
Hoy salía la noticia según la cual en la nueva Ley de Igualdad de Trato se plantea la eliminación de la presunción de inocencia de los acusados. Siendo estos últimos los que deberían demostrar su propia inocencia ante las acusaciones realizadas por otras personas.
Hola Constitución, aquí el Gobierno, que la presunción de inocencia me la cargo, ¿vale?
Ante noticias como estas sólo puedo sentir repulsión y vergüenza. Repulsión por la vulneración de los derechos constitucionales y vergüenza por el quebrantamiento de los mismos para promover la legislación de un tema tan electoral y populista como la igualdad de trato.
La argumentación del Gobierno es que pretende defender el artículo 14 de la Constitución:
Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Si bien para ello propone quebrantar el artículo 24 de la misma:
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
El poder legislativo está vinculado a la Constitución y debe de respetar los límites establecidos en ella. Tal y como la han presentado estamos ante una ley anticonstitucional.
Escuchar las declaraciones de la ministra Pajín sobre la misma sólo me producen una somera carcajada.
“Esta ley responde al compromiso de este gobierno de seguir desarrollando los derechos civiles de los ciudadanos y ciudadanas de este país.”
¿Compromiso de vulnerar nuestros derechos civiles? Plas, plas.
“Pretende, tiene el objetivo de sacar a la luz y de visibilizar los problemas de discriminación que existen en nuestra sociedad.”
Me encanta que se utilice el término visibilizar en esta ocasión. Según la RAE el significado del mismo es “hacer visible artificialmente lo que no puede verse a simple vista, como con los rayos X los cuerpos ocultos, o con el microscopio los microbios.”
¿Estás segura que estás haciendo visible algo existente y no creando artificialmente un problema mucho más reducido de lo que nos vendes por interés electoralista?
En mi anterior entrada se explica cómo se obtienen los alarmantes números sobre discriminación. El método es ridículo. Según el sistema empleado un altísimo porcentaje de mis conocidos emparejados son y han sido maltratados por sus parejas. Pero claro, si el maltratado es un varón se trata de una falta, no de un delito como en el caso recíproco.
“Construir una sociedad que no humille a nadie y también una sociedad que no permita que nadie sea humillado”.
Eso es, que la sociedad no humille a nadie, ya nos encargaremos de que seáis humillados en los tribunales cuando mediante esta ley se vulneren vuestros derechos constitucionales.
“La garantía de la igualdad de trato no es algo que afecte sólo a las minorías, es algo que afecta a una parte importante de la sociedad, porque nos beneficia a todos y a todas”.
Evidentemente afecta a todos, del mismo modo que la presunción de inocencia que tan alegremente pretendes suprimir.
En la primera versión de la noticia del País se daba por hecho que Igualdad mantenía el punto más polémico del borrador avanzado en septiembre, es decir la inversión de la carga de la prueba, pero el Gobierno ha asegurado que no lo incluye “en esos términos”. En esos términos no, ¿entonces en cuales? No tranquiliza demasiado.
Sinceramente, si la ley finalmente sale adelante tal cual está; suprimiendo derechos constitucionales, saltándose a la torera los derechos y libertades de todos los españoles, aplicando una normativa impositiva (algo que ya están acostumbrados a realizar con leyes similares como las que permiten a la SGAE recaudar un canon declarado ilegal por el tribunal europeo o la recientemente rechazada en el Congreso Ley Sinde), si realmente son capaces de aprobarla propongo que todos aquellos que se sientan ofendidos por la misma denuncien a la ministra Pajín como responsable de la misma por la discriminación que realiza hacia todos los ciudadanos. Que demuestre su inocencia.
